Las cosechas mermadas por la sequía, más costes de producción y los despachos de Bruselas con decisiones y exigencias medioambientales en muchos casos alejadas de la realidad constituyen los retos más importantes a los que se enfrenta hoy el sector y, por su coincidencia en el tiempo, podría decirse que han creado la situación más complicada de los últimos años. El campo, por unas u otras razones, ha sido uno de los principales protagonistas de los incrementos de los precios en origen en este periodo de inflación elevada, desde los cereales a la leche, pasando por el aceite, el pollo, los huevos, el porcino… Pero la realidad es que ello no ha impedido que en el último año la renta agraria cayera un 6,2% hasta los 27.664 millones de euros, con un gasto en medios de producción que supuso casi 35.000 millones, un 28,5% más que el año anterior. La reducción de la renta en 2022 ya es una continuación del descenso del 5% registrado previamente en 2021 y todo apunta a que los resultados de 2023 no van a suponer un cambio de tendencia.

En primer lugar preocupa la sequía, contra la que están por ver los resultados de las rogativas a San Isidro. Desde el Gobierno parece que se han agotado ya las posibilidades de apoyo con las recientes medidas aprobadas, entre las que destacan los 636 millones de ayudas directas, al margen de otros apoyos fiscales, crediticios o fondos por la compra de fertilizantes. Y desde Bruselas, entre otras cosas, preocupan las futuras nuevas exigencias sobre bienestar animal en la ganadería y los recortes en el empleo de productos fito y zoosanitarios o en el uso de abonos, en lo que se refiere a la agricultura.

Desde la perspectiva del sector, con la sequía como protagonista, agricultores y ganaderos se enfrentan a un ajuste en las producciones, especialmente en los cereales de invierno por falta de lluvia y en el maíz por la no disponibilidad de agua para riegos, que además ha reducido las superficies de siembra. A la escasa cosecha se suman los incrementos de los precios de los medios de producción, especialmente la energía y los fertilizantes, que asfixian las cuentas de los agricultores con unas cosechas bajo mínimos que no van a dar de sí, en la mayor parte de los casos, para cubrir costes, lo cual elevará el endeudamiento.

En lo que respecta a los ganaderos, la subida de los precios de productos como la leche, la carne de vacuno, la de porcino y la de ave se ha revelado insuficientes para compensar los incrementos de los costes de producción, fundamentalmente de los piensos, que se han convertido en una compra indispensable para todas las cabañas ante la falta de pastos y el brusco encarecimiento de la paja.

Los graves efectos de la sequía y los incrementos de los costes se han tratado de compensar hasta la fecha con un fondo de 300 millones para subvencionar el empleo de fertilizantes a unos 250.000 agricultores a razón de 20,82 euros por hectárea en secanos y de 52,06 euros por hectárea en regadíos. Junto a esa medida el Gobierno dio luz verde a una reducción de los índices a efectos de los ingresos en el impuesto de la renta.

Como ante situaciones similares de siniestralidad extraordinaria, los profesionales disponen des créditos a bajo interés, subvenciones a los avales, reducción del IVA pagado y aumento del percibido y flexibilidad a la hora de cumplir las exigencias contempladas en la PAC para el cobro de las ayudas, especialmente en los eco-regímenes o la condicionalidad reforzada de las Buenas Prácticas Agrarias y Medioambientales. Inicialmente destacan las ayudas directas de 355 millones para los sectores ganaderos de carne y leche en vacuno ovino y caprino, los cinco millones de euros largamente anunciados para los apicultores y otros 267 millones para distribuir entre los agricultores en función de cómo evolucione la sequía en la próximas semanas para decidir el reparto.

En positivo.

En la balanza positiva de acciones para el mundo agrario destacan igualmente los 40 millones disponibles para subvencionar las primas en los seguros agrarios, ayuda que podría llegar hasta el 70% de la póliza caso de explotaciones prioritarias y de jóvenes, que hoy ya pueden llegar al 65%. Con tanto porcentaje de ayuda, la pregunta en el aire es por qué en muchas zonas y producciones el campo no se apunta masivamente al seguro de la sequía, cuando cada vez son más frecuentes.

En esta misma parte de la balanza cabe señalar finalmente la necesaria flexibilización la aplicación de la PAC. La presentación de solicitudes se retrasa hasta el 30 de junio cuando antes se había insistido que en esta campaña, a diferencia de las anteriores, no habría prórroga alguna por cuestión de tiempos para la aplicación del Plan Estratégico de la PAC.

Al margen de ese retraso para la presentación de las solicitudes, la realidad es que lo más importante no es esa medida, sino la posibilidad de una mayor flexibilidad por la sequía y la opción de poder dejar de cumplir determinadas exigencias en los eco-regímenes o en la condicionalidad reforzada, como el cumplimiento de los días mínimos de pastoreo, las cargas ganaderas mínimas, las superficies de barbecho o la reducción del porcentaje de las superficies con especies mejorantes en las exigencias sobre rotaciones. Otro alivio para el sector, como lo había venido demandando, es el retraso en la exigencia del cuaderno digital de explotación hasta el próximo 1 de enero.

Sin embargo, junto a estos problemas y respuestas, el conjunto del sector agrario tiene sobre sus espaldas otros riesgos y amenazas que pueden ser a corto y medio plazo de mayor calado como consecuencia de la aplicación progresiva de las medidas medioambientales y de bienestar animal que se hallan sobre la mesa de Bruselas. Estas acciones concretadas o anunciadas en la estrategia 'De la granja a la mesa' ya contemplan en 2030 recortes en el empleo de productos fito y zoosanitarios en la agricultura y en la ganadería. Desde algunas instituciones comunitarias ya se puso en duda la oportunidad de esa exigencia en cuanto que se entendía iba a suponer un ajuste de la producción comunitaria estimado en un 20% y, a la postre, una renuncia a las políticas de autoabastecimiento, cuya relevancia ha ganado puntos desde la invasión de Ucrania y la pandemia.

A estas medidas se suman las iniciativas que se debatirán antes de fin de año sobre bienestar animal que, por sus exigencias, especialmente en materia de espacios para ganaderías como la avicultura o el porcino, supondrían reducciones de cabañas, más costes fijos y necesidad de inversiones para ampliar las granjas, siempre que se logren los permisos necesarios frente a movimientos ciudadanos contrarios. A la postre, menos producción y muchas granjas cerradas.

Palos en las ruedas si lo que se quiere conseguir es un mayor autoabastecimiento comunitario y una reducción en la dependencia exterior antes situaciones de crisis como la actual.