El pleno del Parlamento foral ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos a favor de UPN, PPN y Vox, una moción para instar al Gobierno de Navarra a "impulsar las modificaciones necesarias en el Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo, por la que se regulan las Haciendas Locales, para que se incluya en su artículo 136 la exención del impuesto sobre bienes inmuebles a aquellos sujetos afectados por ocupación ilegal durante el periodo que dure la misma, como medida de apoyo a la propiedad privada".

Los representantes de PSN (Arantza Biurrun), Geroa Bai (Mikel Asiáin) y Contigo-Zurekin (Daniel López) han intervenido desde el escaño y se han limitado a anunciar su voto en contra a la iniciativa del Vox. También desde el escaño, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha citado a Cantinflas y ha dicho a los parlamentarios de Vox "nosotros ni les ignoramos".

Sí ha intervenido para desgranar sus argumentos a favor la portavoz de UPN, Yolanda Ibáñez, quien ha compartido la exención propuesta al considerar que "no es justo" que los propietarios de inmuebles ocupados deban pagarlo. No obstante, ha señalado a Vox que "si de verdad quieren" ayudar a los propietarios, deberían haber presentado una proposición de ley y no una moción.

De la misma manera, Irene Royo, del PPN, ha destacado que "ante el problema de la ocupación no se puede mirar para otro lado" y ha considerado que la moción de Vox es "un paso adelante en favor de las personas perjudicadas". Y ha recordado las medidas propuestas en este sentido por su partido, entre ellas la devolución del IBI abonado por los propietarios en el tiempo en que su vivienda ha estado ocupada.

Emilio Jiménez, parlamentario de Vox y proponente de la moción, ha considerado que "este Parlamento está muy alejado de muchos navarros" y ha criticado la "falta empatía con los que están en dificultades". Ha reprochado que "algunos no se han dignado en decir nada ni argumentarlo".

En la exposición de motivos, la moción impulsada por Vox justifica su iniciativa en "el fuerte incremento de la ocupación ilegal" y en la "insuficiencia del actual ordenamiento jurídico", que "protege a los okupas antes que al legítimo propietario, más aún tras la aprobación de la nueva Ley de Vivienda".

En ese contexto, y tras poner el acento en la "situación de desprotección del propietario", en la "lentitud de los procesos judiciales" y en las "afecciones indirectas" a las comunidades de propietarios, se advierte de que "el Estado de Derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados se apoderen de inmuebles que no les pertenecen, so pretexto de una pretendida necesidad de vivienda".

Así las cosas, el proponente subraya que es responsabilidad de la Administración "hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada", si es caso mediante el recurso a las de protección social, "lo cual resulta perfectamente compatible con la salvaguarda del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", algo que, a su parecer, ya "no sucede con la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles, que no da respuesta a la creciente inquietud de la mayoría".

Por todo ello, y a fin de otorgar una "respuesta eficaz" a este "problema", que pasa por "defender la propiedad privada en cuanto institución social esencial para vertebrar el fruto del esfuerzo y el ahorro", se solicita un "endurecimiento del Código Penal" y una "intervención decidida desde todos los ámbitos de la Administración, incluida la local".