Está hecho. Lo advertimos hace unas semanas porque así lo aseguraban personas que hablaban con Carles Puigdemont y no lo desmentían personas que hablaban con Pedro Sánchez. Está hecho. Se está cumpliendo minuciosamente el calendario elaborado por quienes negociaban en Waterloo: se anunciaban las negociaciones antes de que se produjera la sesión de investidura de Feijóo, que sería fallida; después se darían las condiciones que estaban sobre la mesa y, antes de que se celebrara la investidura de Sánchez, tendría que haberse iniciado el procedimiento parlamentario de una ley de amnistía. 

Solo falta ponerle nombre y en eso andan los negociadores. Moncloa ha dado instrucciones de que nadie pronuncie esa palabra, una actitud que recuerda lo ocurrido hace años con Rodríguez Zapatero, que se negaba a pronunciar la palabra crisis cuando la situación de la economía era crítica. Pues ahora la palabra tabú es amnistía. 

Se ha filtrado una posible Ley de Alivio Penal, pero como todas las filtraciones son interesadas. Quienes trabajan en Moncloa siguen dando vueltas al nombre y apellido de una norma que, de aprobarse  -no descartan que en el último momento a Sánchez le entre miedo-, tiene un significado que asusta: no es que perdone los pecados cometidos, sino que pasan a no existir. En la justicia universal esta figura solo cabe para borrar los expedientes abiertos a quienes lucharon contra las dictaduras o para intentar la independencia de su país. Nunca puede haber amnistía para quienes en un país democrático se rebelan contra su Constitución.

Todo ello se debe tener en cuenta a la hora de aceptar las exigencias de Puigdemont. El crédito internacional de España desaparecería de inmediato, se pondrían en marcha las instituciones europeas para echar abajo lo que va contra los tratados, estatutos y reglamentos de la Unión Europea, y se recordaría a quienes pueden utilizar la amnistía para repetir sus actos de rebelión contra un Estado, que jamás se les abrirían las puertas de la UE, pues sus propias leyes impiden aceptar a quienes atentan contra la territorialidad de un país miembro.

Militantes y votantes

Por eso es tan importante el nombre. No porque Sánchez se resista a aceptar algo ilegal, no sería la primera vez, sino porque podría ocurrir que los independentistas catalanes pusieran sobre la mesa negociadora la palabra maldita. Hasta ahora la exigen solo como primer paso para votar a Sánchez; pero en los círculos independentistas ya se baraja la posibilidad de que en el pacto que se alcance con Junts se incluya el compromiso de Sánchez, del PSOE de Sánchez, de dar luz verde a un referéndum al que, de momento, se resiste a poner fecha.

La estrategia actual del sanchismo es ser inclemente con los socialistas que defienden la posición de Felipe González y Alfonso Guerra, que esta semana han expuesto abiertamente tras mucho tiempo de indecisión porque les costaba abrir una brecha en el partido. 

Dieron el paso no solo por convicción sino también porque han recibido multitud de presiones de los socialistas que formaron parte de la Transición y también posteriores, dirigentes y militantes que no aceptan de ninguna manera que el PSOE actual se haya convertido en el partido que hace suyas las iniciativas de quienes pretenden escindirse de España, sin importarles que sean absolutamente ilegales. Los independentistas necesitaban alguien que las convirtiera en legales, y Sánchez se ha prestado a ello a cambio de que le apoyen.

Presumen Ferraz y Moncloa de contar con el apoyo de los militantes, pero no es cierto. Sí cuentan con un suelo importante de votantes, sobre todo de pensionistas que creen que es factible el compromiso de subir las pensiones en función del IPC, cosa dudosa con la deuda y el déficit disparados, pero han perdido mucho voto joven y han dividido el femenino. Mientras una parte abraza las causas de Irene Montero, otras mujeres se fijan más en las consecuencias de la aplicación de las leyes emanadas de Igualdad. No solo las relacionadas con los beneficios penitenciarios del solo sí es sí, sino también por el enrarecimiento de las relaciones sociales al aplicar normas que ven al hombre como enemigo.

La mencionada inclemencia del PSOE de Sánchez contra el llamado felipismo, es la prueba fehaciente de que en Moncloa y Ferraz existe preocupación por el movimiento que ha surgido en torno a González y Guerra. Tratan de descalificar ese movimiento, que es real, incidiendo en que su edad, en que están anclados en el pasado, que no asumen los cambios sociales y que a ellos les corresponden ahora dejar gobernar a una nueva generación.

Dudas en la Justicia

La situación para los que defienden a capa y espada ley y Constitución es complicada. No tienen más posibilidad de impedir que Sánchez cumpla su objetivo si los independentistas o un puñado de diputados deciden no apoyarle. Lo segundo es difícil porque, aunque alguno expresa sus dudas, no votar al secretario general del partido no solo lo consideran una deslealtad sino que puede tener consecuencias desastrosas personales y políticas, entre ellas el apartheid al que le someterían sus compañeros de grupo parlamentario, y la falta total de responsabilidades, el ostracisno llevado al máximo.

En cuanto a que se rompa la baraja entre Moncloa y Waterloo, es una posibilidad que no se debe descartar. Sánchez, que es un buen estratega, podría anunciar con gran alharaca esa ruptura para demostrar que no se somete al chantaje de un personaje que produce un rechazo inconmensurable y que empieza a pasarle factura en las instituciones europeas, sobre todo Parlamento, Comisión y Tribunal Europeo de Justicia, donde se sigue con perplejidad y preocupación la política del presidente español.

 Iríamos entonces a nuevas elecciones con una campaña en la que Sánchez sacaría pecho como candidato que prefiere enfrentarse nuevamente a las urnas sabiendo que se juega su futuro, pero que ha elegido esa opción porque antepone a sus intereses personales y políticos lo que siempre ha defendido: ley y Constitución. No se puede descartar ese escenario, aunque sea una patraña que Sánchez marcase líneas rojas a Puigdemont que no estaba dispuesto a traspasar.

En todo este proceso no se puede perder la vista al Tribunal Constitucional, ante el que se presentarán recursos. Si lo hace el Tribunal Supremo, como se rumorea, la aplicación de la ley de amnistía, o como se llame, se suspendería hasta su aprobación… o rechazo, lo que no se puede descartar. Cándido Conde Pumpido es hombre muy cercano a Sánchez, no lo niega nadie, pero en su entorno afirman que es un magistrado de importante trayectoria y quiere finalizarla sin quedar marcado. Multitud de expertos afirman que la amnistía no cabe en la Constitución. 

También existe rumores, serios, de que miembros del TC considerados progresistas se encuentran también en esa situación: no están dispuestos a aceptar como constitucional una ley que no cumpla los requisitos para serlo. El escenario no está tan claro...