En comparecencia previa al pleno de este jueves, ha señalado la necesidad de analizarlo “bajo la plena garantía jurídica” porque es una decisión que puede afectar a “más de 1.500 personas”, y “a la puesta en marcha de las ofertas de empleo públicas que están anunciadas y que están en marcha”.
En este sentido ha señalado la “máxima preocupación” del Gobierno por la garantía jurídica de todos los procedimientos abiertos en concurso oposición para evitar problemas derivados “y una avalancha de recursos”.
El Gobierno valora jurídicamente si recurrir a la sentencia
Para ello, admite, deberán “estudiar todos los escenarios que estén encima de la mesa” y también de la “derivada que puede tener en la convocatoria de oferta pública de empleo”, ha admitido.
A su vez, ha indicado que este sentencia no solo “invalida determinados artículos del decreto de la legislatura pasada” sino que “anula toda la política lingüística de los últimos 20 años”, incluidos “decretos de gobiernos de UPN”.