El Gobierno de Navarra ha comenzado el proceso de negociación de cara a la elaboración de los próximos Presupuestos Generales de Navarra 2024 con la llamada a las principales fuerzas de la oposición. El Ejecutivo ha realizado una lectura "positiva" de esta primera toma de contacto pero "lamenta que la principal fuerza de la oposición en Navarra -UPN- haya decidido no aceptar la invitación al diálogo ofrecida".
Según han informado desde el Gobierno foral en una nota de prensa, el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo, José Luis Arasti, ha realizado durante la semana sendas llamadas a los portavoces de UPN y EH Bildu para convocarles a una primera reunión en el marco del diálogo que se pretende llevar a cabo encaminado a la confección de unos presupuestos generales de Navarra "que cuenten con el mayor número de apoyos posible".
A esa convocatoria del Ejecutivo "solo ha acudido EH Bildu", con quien el Gobierno de Navarra ha mantenido una reunión de aproximadamente una hora durante la mañana de este viernes en la sede del Departamento de Economía y Hacienda.
En la cita han participado, en representación del Ejecutivo foral, los tres vicepresidentes del Gobierno de Navarra: Félix Taberna, Ana Ollo y Begoña Alfaro, además del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, mientras que por parte de EH Bildu han acudido sus portavoces, Laura Aznal y Adolfo Araiz. Sobre la mesa han estado el diagnóstico de la situación actual y los próximos retos a afrontar de cara al próximo ejercicio.
A partir de ahora, el Gobierno de Navarra "mantendrá los cauces abiertos" y reitera su "mano tendida" a todas las formaciones con representación en la Cámara para que el futuro proyecto de Ley foral de Presupuestos Generales de Navarra 2024, que se presentará "en las próximas semanas" ante el Parlamento foral, "cuente con el mayor consenso para salir adelante".
En este sentido, el pasado 31 el octubre, el Gobierno de Navarra anunció un techo de gasto no financiero de 5.742,7 millones de euros para 2024. La cifra supone un incremento de 504 millones de euros de inversión respecto al presupuesto aprobado del año anterior, en lo que desde el Ejecutivo se anunciaba como la expresión de "una apuesta por dar estabilidad a unas cuentas públicas que aseguren políticas basadas en las prioridades del Ejecutivo, como son el gasto social, y la mejora de los recursos públicos como herramienta para el desarrollo económico de la comunidad".