La Comisión Europea ha ofrecido este viernes mayor flexibilidad en la aplicación de la nueva ley de restauración de la naturaleza para superar las reservas de algunos miembros comunitarios y las «grandes divergencias entre ellos». Algunos de los países y la propia Eurocámara han calificado las disposiciones de esta norma como «potencialmente limitadoras» para la capacidad de los países de la UE de desarrollar actividades económicas.
La semana pasada se celebró una votación sobre la enmienda a la totalidad propuesta por el Grupo Popular Europeo, que obtuvo 44 votos a favor y 44 votos en contra. Al tratarse de una votación de rechazo a la enmienda, según el reglamento interno del Parlamento Europeo, en caso de empate ganan los votos en contra, aunque la votación definitiva para su aprobación se ha pospuesto hasta el 27 de junio. Esto a pesar de que en mayo las comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo mostrasen su rechazo; no pueden hacer más, dado que la de Medio Ambiente es la única que tiene potestad para frenarla. En cualquier caso, se prosiguió con las más de 300 enmiendas parciales que ha recibido durante las últimas semanas. Tal fue la cantidad, que se retrasó la votación hasta coincidir con el pleno del Parlamento Europeo en Bruselas, al que deben asistir todos los eurodiputados.
En cuanto a la petición de financiación adicional para la restauración de la naturaleza que han hecho tanto los Veintisiete como el Parlamento Europeo, Bruselas ha apuntado que las necesidades de financiación para este fin en la UE se han estimado entre 6.000 y 8.000 millones de euros al año y que existen varias oportunidades a escala comunitaria, en particular a través del apoyo de la PAC, para las intervenciones que cumplan los objetivos de la nueva ley.
En este sentido, el documento recuerda que no se espera que los agricultores, pescadores, silvicultores y otros propietarios y gestores de tierras asuman los costes de la restauración de la naturaleza sino que, al contrario, quienes contribuyan a alcanzar los objetivos «no solo deben ser compensados, sino recompensados» por el valor de los servicios que prestarán para lograr los objetivos climáticos de la UE.
El problema es que quienes han redactado el documento no son agricultores ni ganaderos y no pueden suponer realmente lo que implica para las explotaciones esta nueva ley. Los profesionales del campo temen que, como otras demandas europeas en la misma línea, esta norma merme su capacidad productiva, encarezca sus gastos y les deje aun más vendidos frente a importaciones desde terceros países que no van a cumplir con los exigentes requisitos que sí plantea Bruselas para las producciones comunitarias.
La ley ha sido duramente criticada por el Partido Popular Europeo, que ha manifestado su rechazo frontal a la normativa en las citadas comisiones parlamentarias por considerar que «no es suficientemente buena» y que va «en contra de todo el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores». El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha dicho que «pedimos a los europarlamentarios de la comisión de Medio Ambiente que sean valientes y que el próximo 27 de junio rechacen este texto para defender al mundo rural en su totalidad y no dejar a nadie atrás».
La propuesta, supuestamente, pretende ayudar a recuperar los hábitats europeos, el 80% de los cuales se encuentran en mal estado según Bruselas, y fija, para lograrlo, objetivos y obligaciones específicos jurídicamente vinculantes para la restauración de la naturaleza en cada uno de los ecosistemas enumerados, desde las tierras forestales y agrícolas hasta los ecosistemas marinos, de agua dulce y urbanos. Las medidas propuestas abarcan al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030 y todos los ecosistemas que necesitan restauración para 2050, además de una reducción del 50% en el uso de plaguicidas químicos en toda la UE para 2030.
El porcino pide suavizar el Pacto Verde.
Los ganaderos de cerdo blanco están alineados con la filosofía de políticas comunitarias como el Pacto Verde Europeo, pero piden medidas realizables y alcanzables porque, si no, podrían tener consecuencias «terribles» para el sector. El director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, asegura que «compartimos sus objetivos pero hay que apostar por unas medidas que sean realizables y no marcar objetivos inalcanzables porque el Pacto Verde está destrozando la unidad de producción europea. Si lo que ya se está aplicando está afectando al sector, en cuanto vengan las medidas más estructurales y potentes no va a quedar nadie; los impactos podrían ser terribles. El miedo que tenemos es elevado por la implementación de normativas absolutamente desproporcionadas respecto a las del resto del mundo porque eso deja al sector ganadero europeo muy debilitado frente a la competencia de terceros».
Higuera añade que «los precios a los que está produciendo carne la Unión Europea no son competitivos en el mercado internacional y por eso vender a destinos como China es vender a pérdidas, por lo que otros países, principalmente Brasil, están adquiriendo protagonismo en las exportaciones a ese destino. Cada vez criar cerdos en la UE es más difícil porque el ataque y la asfixia hacia los sectores productores es mayor y eso hace que el abandono y la reducción en la producción sea manifiesta, sobre todo ahora en el centro europeo. Al ritmo que vamos, la UE será claramente importadora y terminará comprando carne de cerdo de terceros países».