Dirigentes políticos de distintas fuerzas parlamentarias cargaron ayer contra el candidato socialista, Pedro Sánchez, después de que este pusiera en duda la independencia de los fiscales y la separación de poderes. Y los primeros en replicar al presidente del Gobierno en funciones fueron los independentistas.
«Es un escándalo permanente», remarcó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, mientras desde su cuenta de Twitter, su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont recriminó al líder del PSOE su «metedura de pata» y negó ser un «prófugo de la Justicia». Además, la cabeza de lista de JxCat por Barcelona, Laura Borrás, subrayó que con sus palabras, Sánchez ha «certificado la defunción de la separación de poderes». En la misma línea, la número dos de ERC por esa misma provincia, Carolina Telechea, subrayó que esas declaraciones son «una absoluta falta de respeto a la separación de poderes del Estado».
Precisamente en la Ciudad Condal, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, indicó que entendía la «indignación lógica» de los fiscales y se cuestionó por qué Sánchez no ha actuado ya contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, si es cierto ese «supuesto desliz» de que «da instrucciones o manda» al Ministerio Público.
En Mérida, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó al presidente del Ejecutivo en funciones de «echar por tierra» el trabajo de jueces y fiscales y aseguró que si llega al poder, él nunca les dirá «cómo tienen que actuar».
No hubo por parte de Unidas Podemos y Vox ningún pronunciamiento directo sobre la polémica creada por el secretario general del PSOE, aunque el líder de los morados, Pablo Iglesias, sí le reprochó que se haya comprometido a traer de vuelta a Puigdemont, cuando en la Unión Europea «hay separación de poderes». «¿Pero cómo quiere hacerlo? ¿En un helicóptero con los geos? ¿Pedro Sánchez descolgándose desde Waterloo?», ironizó.
Aunque ayer fue la insinuación del socialista la que puso en el centro de la diana a la Fiscalía General del Estado, las críticas a la politización de este organismo han sido constantes en los últimos años: el PP cuestionó la independencia de Cándido Conde-Pumpido en los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; el PSOE puso en entredicho la de José Manuel Maza en la etapa de Mariano Rajoy...
Pese a todo, en la última legislatura, solo Ciudadanos y Podemos llevaron al Parlamento una nueva regulación de este órgano. En concreto, como recordó ayer Rivera, la formación naranja presentó en el Congreso una proposición de ley para despolitizar la Fiscalía General del Estado, cuya necesidad negó el PSOE, recibiendo el apoyo del PP. Así, populares y socialistas rechazaron en febrero de 2018 la toma en consideración de esta propuesta, en la que Cs defendía que la Cámara Baja tuviera la última palabra en el nombramiento del fiscal general del Estado (con una mayoría de dos tercios para su ratificación), así como que se ampliara su mandato de cuatro a seis años, se elevara de 15 a 25 años su trayectoria profesional previa y se le exigiera no haber desempeñado ningún cargo público o electivo en la última década.