Chivite pide apoyo a los grupos para reformar la Lorafna

Navarra Televisión
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La Presidenta ratifica el impulso del Gobierno a la reforma de la LORAFNA para avanzar en el autogobierno de Navarra.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este miércoles, tras el último pronunciamiento del Tribunal Supremo en relación a la transferencia de tráfico a la Comunidad foral, que "entendemos refrendada la vía del Real Decreto para la mayor parte de funciones y servicios y que solo se anulan los compartidos actualmente con la Guardia Civil". En cualquier caso, ha señalado que siguen adelante con la reforma de la Lorafna para explicitar en la norma la titularidad de la competencia.

Chivite ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición propia, para explicar la sentencia del Supremo que anula el Real Decreto de traspaso de la competencia de tráfico a la Comunidad foral y ha precisado que el TS "ha anulado el Real Decreto por entender que no era la forma para efectuar la transferencia en lo que se refiere a las funciones y servicios de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en Navarra".

"En sentido contrario, el Real Decreto de transferencias ha sido la vía correcta para traspasar a Navarra al menos 9 de las 10 funciones y servicios que recoge el citado Real Decreto", ha manifestado, para afirmar que la Comunidad foral "ya ejerce, desde la transferencia, una serie de funciones y servicios que con anterioridad a la transferencia no ejercía".

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa PressLa presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

Sobre el uso de la fórmula del Real Decreto para realizar la transferencia, Chivite ha explicado que "pedimos un informe a la asesoría jurídica del Gobierno porque en todo momento hemos trabajado con rigor a todas las escalas". "Nos apoyamos en el criterio profesional de la asesoría jurídica que, en un informe del 19 de febrero de 2020, nos decía que la vía jurídica procedente es el Real Decreto de Transferencias", ha expuesto, para añadir que "los servicios jurídicos de esta Cámara también hicieron un informe con la misma conclusión".

"¿Cuál era el argumento? Las dos sentencias del Tribunal Supremo de 2018 (13 de febrero y 7 de marzo)", ha manifestado la presidenta, quien ha destacado que "vimos también la vía elegida por los gobiernos anteriores que trabajaron el tema". "La conclusión es que los gobiernos y grupos parlamentarios durante todos estos años trabajaron para recuperar la competencia entendiendo que el camino era el Real Decreto de Transferencias", ha subrayado.

En su intervención, María Chivite ha recordado que los partidos en la Comunidad foral han venido reclamando en la Junta de Transferencias la recuperación de la competencia con exclusividad y ha remarcado que, "en todo caso, lo que tenemos claro es que Navarra no puede quedar en peor situación que otras CCAA que no tenían competencia histórica, o no con el mismo alcance".

Ha explicado así que desde 1982 el País Vasco asumió las funciones y servicios de tráfico por un Real Decreto de Transferencias y Cataluña lo hizo en 1997, en un caso con un presidente del PSOE y en otro del PP. En el caso de Cataluña, ha precisado, que no tenía competencias, se utilizó una Ley Orgánica de delegación por parte del Estado. "Ahora, las dos CCAA ejercen de manera exclusiva las funciones y servicios de tráfico y circulación de vehículos a motor", ha dicho.

La jefa del Ejecutivo ha comentado que "la voluntad política de los gobiernos de Navarra y de España sigue siendo clara" y que el trabajo para modificar la Lorafna "ya se está formalizando en los distintos pasos que tenemos que dar". "Nuestra propuesta de reforma de la Lorafna pretende recuperar una competencia histórica de Navarra, que se nos arrebató de manera unilateral", ha sentenciado.

El proceso, ha detallado, tiene varios pasos: consenso entre los dos gobiernos, dictamen del Consejo de Navarra, aprobación por parte del Parlamento de Navarra, tramitación en las Cortes Generales y aprobación en el Congreso, publicación de la Ley Orgánica que aprueba la reforma y entrada en vigor, así como el Real Decreto de Transferencia de servicios y funciones.

Chivite ha esperado contar, en este proceso, "con el mayor consenso y el mayor apoyo no solo político sino también ciudadano". "A quien pertenece el régimen foral es a Navarra, a toda la ciudadanía navarra, a nuestra comunidad", ha defendido.

"Espero que cuando la historia nos pone a prueba pero al tiempo nos da una oportunidad para reafirmarnos en lo que somos, estemos todas y todos del lado de la Lorafna y la Constitución, que no es sino del lado de los navarros y navarras, y de nuestros derechos históricos", ha expuesto.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "si no se hubiera querido expulsar a la Guardia Civil de tráfico de Navarra hoy no estaríamos aquí porque Jucil no hubiera puesto el recurso". "Estamos aquí por sus decisiones o las decisiones de su Gobierno o de Pedro Sánchez", ha reprochado, para señalar que "con un Gobierno de UPN hubiéramos pedido la transferencia de tráfico, negociado de Gobierno a Gobierno y hubiéramos hecho el traspaso con el liderazgo de la Policía Foral y de la mano de la Guardia Civil". En este caso, ha criticado, "los guipuzcoanos, los vizcaínos y los madrileños decidiendo sobre este tema", por lo que ha pedido "responsabilidad" al Partido Socialista ante "las exigencias del PNV y Bildu". Ha señalado que UPN va a votar sí a la reforma de la Lorafna, si bien ha considerado "injusto prescindir de personal profesional de la Guardia Civil de tráfico".

El socialista Ramón Alzórriz ha valorado a la presidenta por "reaccionar con liderazgo y determinación" ante la sentencia y ha señalado que iba a entrar "en el juego de las derechas con un tema tan sensible". Ha asegurado que la Guardia Civil "no va a desaparecer de Navarra" y que "la asunción de las competencias en materia de tráfico no significa la exclusión de nadie". Ha dicho al PP que "ni vetarán, ni votarán en contra de Navarra porque saben las consecuencias que eso tendría para sus siglas en esta tierra".

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha comentado que "la sentencia es un grave ataque jurídico" y "pone en cuestión un derecho histórico de Navarra". "Es una competencia que se nos arrebató en la época del franquismo", ha dicho, para señalar que "no es el primer ataque judicial contra Navarra, pero hay que unir fuerzas para que esto no vuelva a repetirse". Ha reprochado a UPN que "ha cambiado de postura" sobre la exclusividad de la transferencia. Y ha señalado que ven con "buenos ojos" la opción del Gobierno de reformar la Lorafna.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha indicado que están en contra de la sentencia y ha señalado que desde su grupo van a "acompañar para que la competencia vuelva a Navarra". "Ojalá que las previsiones del Gobierno se cumplan y esté todo esto para final de año", ha deseado, para criticar que "UPN venía defendiendo la competencia en exclusiva para Navarra y legítimamente han decidido su posición". "Parece que a Esparza la molesta que haya partidos que reman a favor y ustedes -le ha dicho- no lo están haciendo".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que "el PP no estará del lado de quien quiere expulsar a la Guardia Civil de tráfico ni de quienes no condenan el terrorismo de ETA". Ha señalado que el TS "no va en contra del régimen foral" y ha añadido que "la única amenaza para el régimen foral son los nacionalistas e independentistas". Ha pedido que la presidenta asuma "responsabilidades".

El representante de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha indicado que la sentencia "no descarta que se pueda llevar a cabo la transferencia sino que ve inadecuado el procedimiento". "Nosotros defendemos que el conjunto de las transferencias de tráfico sean gestionadas en exclusiva por la Policía Foral", ha dicho, para señalar que "no sobra ningún agente".

Emilio Jiménez, de Vox, ha criticado al Gobierno, que está "haciendo una patalla de humo" ante "un revés judicial". "La sentencia es contundente y nos alegramos por Jucil", ha dicho, para censurar que se trata de "una expulsión" de la Guardia Civil "en toda regla".