La incertidumbre sobre la suerte que ha podido correr un ser querido del que se desconoce su paradero es una dura realidad para muchas familias. Una situación que violenta y perturba sus vidas, provocando un proceso de duelo sin cerrar que les impide emprender la necesaria etapa de reconciliación a nivel personal o comunitario, mientras van surgiendo problemas de orden psicológico, jurídico, administrativo, social y económico. Cada año en España hay unas 25.000 denuncias por esta causa, y todas pasan por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio de Interior. Un organismo que ya cuenta con un lustro de vida a sus espaldas.

Con el objetivo principal de reducir el número de personas desaparecidas y de ayudar a sus familias, este centro viene desplegando un amplio abanico de medidas de concienciación, sensibilización, denuncia y acciones judiciales, además de impulsar investigaciones que a través del método científico generen un conocimiento empírico de un fenómeno que es global. 

«En todo el mundo, hay padres, hermanos, cónyuges e hijos que buscan desesperadamente a familiares en paradero desconocido, siendo una situación compleja y multifacética cuyo tratamiento requiere una respuesta adecuada por parte de las instituciones». Así lo señala el recientemente publicado Informe anual del CNDES, que habla de 25.000 denuncias en España a lo largo del año 2022.

«Esto no quiere decir que haya 25.000 personas desaparecidas, porque un número importante de ellas implica a reincidentes. Por ejemplo, los 21.500 expedientes de 2021 corresponden a 14.700 individuos diferentes», explica el jefe de Servicio del centro, Marcial Bravo. 

Bravo detalló que el 6 de febrero de 2013, por acuerdo del Pleno del Senado, se creó en España la Comisión Especial para estudiar la problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente y, en sus conclusiones, se determinó el tratamiento de estos casos. 

Así nació un organismo que gestiona las alertas o peticiones de colaboración para la localización de las personas desaparecidas; coordina campañas de sensibilización y prevención; realiza propuestas de reformas legislativas para mejorar los procedimientos operativos; y supervisa la grabación y registro de los datos alojados en el sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH).

Este centro está integrado por personal de la Policía Nacional, Guardia Civil y del cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado, que se organiza a través de cuatro departamentos coordinados por un jefe de servicio: normativa y formación; atención a las familias; tecnología; y calidad del dato e identificación.

«A la mayor brevedad»

Existe la convicción general de que hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición, algo que Bravo desmiente. «Es una reminiscencia de las series y las películas, pero es una falacia. No hace falta, ahora ni nunca ha existido esa limitación temporal para ponerlo en conocimiento de la autoridad», afirma.

Por ello, insta a denunciar «a la mayor brevedad» una vez se han hecho las mínimas comprobaciones -ya que el tiempo siempre corre en contra, en sus palabras-, y recomienda instalarse la aplicación AlertCops del Ministerio del Interior que, mediante la función Guardián, permite localizar en tiempo real a las personas y contactar con la Policía en caso necesario.

Asimismo, Bravo asegura que «cada vez se cuenta con mayores recursos tecnológicos y se mejoran los procedimientos de la investigación en las búsquedas» y, con el primer Plan Estratégico en materia de personas desaparecidas (2022-2024), se obtendrán mejoras cuantitativas y cualitativas.

Sobre las desapariciones más mediáticas, destaca que todas «son igual de importantes para las Fuerzas de Seguridad», y resalta que el uso de determinadas medidas o unidades especiales de investigación se decide de forma individual. En ocasiones, la difusión de según qué casos puede resultar del todo contraproducente para las pesquisas policiales y para la resolución satisfactoria del mismo, y son los investigadores quienes pueden aconsejar a los familiares si hacer pública su situación o no.

Más recursos

La jueza del Juzgado de Primera Instancia 58 y autora del libro Invisibles (Alrevés), Graziella Moreno, aborda la temática de las desapariciones poniendo el acento en que hacen falta más recursos a nivel policial, más agentes especializados y aprovechar la tecnología para resolver las desapariciones. De hecho, su obra trata el tema de las personas desaparecidas sin causa aparente, después de que en 2007, cuando Moreno estaba trabajando en el juzgado mixto de Martorell (Barcelona), le llegara un caso en el que, después de la celebración de una fiesta rave, se le perdiera la pista a un joven que vino desde París.

Al cabo de un año, desde el juzgado de Gavà (Barcelona), les informaron de que habían encontrado los huesos de un pie en la playa de la localidad y, tras cotejarlo con el ADN de los padres, descubrieron que eran del francés desaparecido: «Nunca supimos qué pasó con ese chico. ¿Cómo acabó ese joven allí? Hay cosas que nunca sabremos».

Como magistrada, mantiene que, cuando se encontraban con denuncias de desaparecidos, les daba «impotencia no saber qué hacer ni qué decir» a los familiares, y destaca que todavía queda mucho trabajo por hacer, como facilitarles los trámites para que sean más sencillos y mucho más económicos. 

«Hay mucha gente también que no le importa a nadie. Mucha gente desaparece y nadie se da cuenta y a nadie le interesa. A veces no tenemos ADN de algún familiar para cruzar los datos porque nadie ha denunciado su desaparición», lamenta. Por ello, insta a la ciudadanía a concienciarse sobre las desapariciones, ya que -en sus palabras- es un problema mundial que muchas personas desconocen hasta que no le toca de cerca.