El día 4 de este mes se publicó la resolución del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) por la que se daba a conocer la relación de titulares de explotaciones beneficiarios de las medidas urgentes en respuesta al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climáticas (sequía). Dicha resolución provisional establecía un periodo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de tal resolución, para alegar los errores, omisiones y otras circunstancias que los interesados consideraran convenientes.

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, y tras un primer estudio preliminar de las mismas, el FEGA ha advertido un error material en el cálculo de la ayuda para los titulares de explotaciones de vacuno de leche. Este error afecta a la relación de titulares, a los importes unitarios de este grupo y, consecuentemente, a la cuantía provisional de la ayuda a percibir. El fallo advertido conlleva que deba pagarse un mayor importe a determinados titulares (se aplicó un umbral de 250 animales en lugar de los 725 animales subvencionables por beneficiario).

Como consecuencia de lo anterior, y «para ajustarse a la cuantía estimada de ayuda de 17,4 millones de euros para los productores de leche de vaca, se ha hecho preciso minorar los importes unitarios para el sector del vacuno de leche», explica este organismo, quedando establecidos en las siguientes cuantías: 52,12 euros para la zona de afección alta (antes 55,12); 26,06 euros para la zona de afección media (antes 27,56); y 13,03 euros para la zona de afección moderada (antes 13,78). Esto conlleva que el importe a percibir resulte inferior a los 200 euros para un nuevo grupo de titulares que han desaparecido de la relación provisional puesto que ya no cumplirían con los requisitos específicos establecidos.

Asimismo, se ha identificado un error de hecho en el número de cabezas de ganado que afecta a un número limitado de beneficiarios del sector ovino/caprino de carne y del sector de vacuno de carne (nodriza), ya que no se corresponden con la información correspondiente a la solicitud única efectuada en 2022 para el cobro de las ayudas asociadas de la PAC.

Para el resto de los titulares de explotaciones ganaderas que no aparezcan en esta resolución provisional de corrección de errores les es válido lo establecido en la resolución del 4 de julio, que se puede consultar en la web de FEGA (fega.gob.es). Ahora se abre un plazo para presentar alegaciones que acaba el 7 de agosto, ambos inclusive).

ASAJA ha denunciado que tanto el recorte en las cuantías como la supresión puntual en los casos que no llegan al mínimo de 200 euros «acentúan, sin duda, el agravio comparativo de los territorios declarados como zonas de afección media y moderada», algo que ya denunció la organización agraria en su día por entender «que gran parte de los perjuicios padecidos por las explotaciones ganaderas debidos a la sequía y a la guerra de Ucrania no dependen de la zona de España en la que se asientan».

Excesiva concentración. Por otra parte, Unión de Uniones, tras analizar la resolución del FEGA sobre estas ayudas, considera que el reparto es «ampliamente mejorable», ya que quedan acumuladas en una pequeña proporción de productores de gran tamaño. La organización estima que el importe que recibirán todas las explotaciones sin tener en cuenta el criterio territorial (100% del importe en zonas de afección alta, 50% en media y 25% en moderada), beneficiará a las grandes empresas ganaderas: en torno al 15% de los beneficiarios, los de mayor tamaño, entre los que figuran apenas pocas entidades asociativas, acumulan hasta el 50% del presupuesto.

Unión de Uniones aclara que en el Real Decreto-ley ya se establecen, según los distintos sectores, o bien límites máximos (ovino y caprino, 2.000 animales; y vacuno de leche, 725 vacas), o bien degresividad (vacuno de carne, 50% del importe a partir de las 250 primeras vacas) que contribuyen a limitar la proporción del presupuesto que es acumulada por los beneficiarios con mayor tamaño, pero critican que el Ministerio no estableciera mecanismos reforzados en este tipo de ayudas para focalizar el esfuerzo en los tramos más vulnerables a las crisis.

Por un lado, las explotaciones de mayor tamaño se benefician de su economía de escala: sus costes son mucho menores que en explotaciones de menor dimensión, sus periodos de amortización son menores y tienen mejor acceso a financiación, entre otras ventajas. Y por otro lado, las explotaciones muy reducidas serían de beneficiarios cuya renta depende muy poco de la ganadería, por lo que se ven muy poco afectados por las crisis que afronta el sector. Por ello, Unión de Uniones considera que las ayudas se deberían haber focalizado más en explotaciones de tamaño medio y profesionales, al afrontar toda la severidad de la crisis y depender en altas proporciones de su actividad ganadera. «No es de recibo que estemos esperando estas ayudas como agua de mayo, nunca mejor dicho, y a la mayoría de los ganaderos profesionales nos borren casi del mapa», critican.

Los ganaderos con casos especiales podrán acceder a las ayudas.

Los jóvenes ganaderos incorporados después de 2022 y los que hayan tenido que sacrificar ejemplares por un saneamiento -y no tuvieran por ello animales a 30 de abril de 2023- podrán recibir las ayudas extraordinarias del Gobierno por los efectos de la guerra de Ucrania si las autonomías así lo resuelven. UPA planteó ambos casos en una carta remitida al FEGA, tras darse a conocer las listas provisionales de beneficiarios de las ayudas y abrirse el plazo para presentar alegaciones. En dicha misiva, UPA solicitaba una «clarificación de ambas casuísticas», ya que a su juicio dichos «casos especiales» podían afectar a un número «nada desdeñable» de ganaderos que se quedarían fuera de unas ayudas «que necesitan» y a las que «tienen derecho». En la respuesta del FEGA se aclara que, respecto a las nuevas incorporaciones realizadas después de 2022, «se podrán conceder ayudas» a los que lo hayan hecho «como resultado de un cambio de titularidad, si cumplen con el resto de los requisitos establecidos». En cuanto a los casos de saneamiento ganadero, el Fondo explica que «podría ser considerado como un caso de fuerza mayor por parte de la comunidad autónoma», por lo que recomienda a los afectados que lo «notifiquen y presenten una alegación o un recurso para su análisis».