El Gobierno empezará la semana que viene el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo con ocho derivaciones a la Península, según han informado este martes fuentes de la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias.

Estas mismas fuentes han asegurado que estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio. También han destacado la importancia de que en el proceso "prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior".

Engloba, la entidad colaboradora en Canarias, está llevando a cabo las valoraciones individualizadas a los menores que han manifestado disposición a trasladarse a la Península, un trámite que resulta "clave" para poder llevar a cabo con plenas garantías este procedimiento.

Una vez se tienen estos expedientes cumplimentados, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias se reúnen para hacer la selección de los primeros perfiles en función de sus necesidades y del destino final.

Igualmente, han señalado que estos menores solicitantes de asilo presentan un perfil "altamente vulnerable", ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras. Además, han agregado que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses y que también hay niñas y adolescentes.

Paralelamente, el Gobierno presentó en julio un calendario para el traslado de los menores al centro de acogida y derivación Canarias 50, en Las Palmas. Así, durante las pasadas semanas se completaron los primeros traslados, efectuados a partir de los listados remitidos por el Gobierno de Canarias, con un total de 141 menores.

Asimismo, las fuentes han recordado que la valoración individualizada y pormenorizada de cada expediente, que se realiza junto con el Ministerio Fiscal, resulta "fundamental" para preservar en todo momento el interés superior del menor.

El Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones para dar cumplimiento al auto del Supremo y crear 1.200 plazas en la Península. El Ministerio de Migraciones aportó un total de 750 plazas, que se están concretando en la actualidad con las entidades habitualmente colaboradoras, para que estén disponibles "de forma inmediata".