La madrugada del 25 de abril de 1998 reventó la presa de la balsa con vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y solo la labor de los tractores de los arroceros, que construyeron un muro de urgencia, impidió la llegada al parque de Doñana de cuatro hectómetros cúbicos de aguas ácidas y otros dos de lodos cargados con metales pesados.

La rotura de la balsa de la explotación de la empresa Boliden Apirsa, que muchos piensan que pudo evitarse, liberó sobre los ríos Agrio y Guadiamar aguas ácidas y lodos tóxicos que contenían arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados que provocaron el desbordamiento de sus cauces y la anegación de las tierras colindantes a lo largo de 62 kilómetros.

Después 25 años de la ruptura de la presa de Aznalcóllar, aún no hay responsabilidades penales ni económicas del mayor vertido de aguas ácidas y lodos de metales de Europa. El juicio está fijado que comience el próximo 4 de julio. 

En total, se vieron afectadas 4.634 hectáreas de zonas agrícolas y pastizal de Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Benacazón, Huévar, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor y La Puebla del Río. Todo ello, mientras Sevilla celebraba la Feria de Abril.

Los lodos sedimentaron en los primeros 40 kilómetros del cauce con un espesor que llegó a superar los tres metros en las proximidades de la balsa y alcanzaron varios centímetros a la entrada de las marismas. Las aguas ácidas llegaron hasta el tramo bajo de Entremuros y quedaron retenidas a las puertas del Parque Nacional de Doñana.

Los recogidos fueron depositados en la corta de Aznalcóllar, en los primeros seis meses se recogió el 80 por ciento de los lodos vertidos, pero el vertido había penetrado en algunos pozos de gran diámetro situados en el acuífero que fueron bombeados y a los que se les añadió cal para neutralizar la acidez. El día del vertido, los peces saltaban de un agua cuyo pH era similar al de una batería de coche.

Por aquel entonces, el Gobierno central estaba en manos del PP y la Junta de Andalucía, en las del PSOE. Los primeros momentos supusieron un abierto enfrentamiento y hasta tres años después no cesó la minería en la zona y se expropió la superficie afectada que se dedicaba a labores agrícolas.

Pese al choque político, se creó el Plan de Medidas Urgentes activado por una Comisión Mixta de Coordinación, en la que estaban implicadas ambas administraciones, con el fin de dar solución a los dos principales frentes.

Se construyó una depuradora mediante la cual la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) eliminó los metales pesados y controló el pH. Tras normalizar el estado del agua, fueron vertidas al Estuario del Guadalquivir, y durante las siguientes semanas se realizó un control del agua así como un seguimiento de la calidad del aire y el estado de los seres vivos.

Pérdidas millonarias

El balance de este desastre ecológico es de siete millones de metros cúbicos de lodo retirados; 30 toneladas de animales muertos; acuíferos contaminados; récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas; pérdidas económicas valoradas en unos 120 millones de euros, y según un estudio de las Universidades de Granada y Almería, un 7 por ciento de los terrenos afectados tiene aún niveles altos de metales como arsénico o plomo.

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF consideran inviable la reapertura de la mina y buscan una transición que permita el equilibrio entre lo medioambiental y lo económico. Sin embargo, la Junta de Andalucía asegura que su explotación aumentará el peso del sector de la minería andaluza.