Uno de los objetivos de la Política Agraria Común en su constitución a finales de los años 50 era lograr un incremento de la productividad en el campo para garantizar, en un momento de volatilidad de los mercados, una seguridad en los abastecimientos de materia prima y ofrecer al consumidor alimentos a precios razonables. El éxito de esas medidas, apoyadas además por unos precios mínimos de compra en intervención, se tradujo en un fuerte aumento de la producción agraria que provocó situaciones excedentarias: montañas de leche para su transformación en polvo, mares de vino para destilar y producir alcohol y, en el mejor de los casos, exportaciones a bajos precios, todo ello con un elevado coste para las arcas comunitarias.

Tras unos lustros con la mirada fija en aumentar las producciones, desde los años 70 y 80 se fueron imponiendo ajustes para frenar esos incrementos. Se desincentivaron los mecanismos de apoyo, como las compras en intervención; se congelaron los precios; o se potenciaron las actuaciones en los mercados. Todo esto mediante unas mayores ayudas directas no ligadas a la producción.

Hoy, como consecuencia de la última reforma de la PAC, se ha impuesto una política más verde en la que el grueso de las ayudas se halla ligado al cumplimiento, en unos casos voluntario y en otros obligatorio, de normas referidas al cuidado medioambiental y al bienestar animal. Esto conlleva reducciones de superficies de cultivo, abandonos en zonas de interés medioambiental o ajustes de cabañas intensivas por las exigencias de espacio.

A eso apunta la decena de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, con exigencias en temas como rotación de cultivos, mantenimiento de los suelos, porcentajes de abandonos, franjas de cultivo junto a los cauces de los ríos, quemas de rastrojos o pastos permanentes. También están encaminados a conseguir la sostenibilidad de los suelos y la protección del medio ambiente los Registros Legales de gestión de cumplimiento obligatorio o las exigencias para el cobro de los 1.100 millones que se destinan los eco-regímenes (el 23% del importe de los pagos directos).

En esta línea y con los mismos objetivos, en la actualidad se hallan sobre la mesa otras dos iniciativas: la estrategia 'De la Granja a la Mesa', con la mirada en 2030; y las medidas que pretende poner en marcha la Comisión para los próximos meses en relación con el bienestar animal.

Con esa meta -sostenibilidad de los suelos y el medio ambiente-, la estrategia 'De la Granja a la Mesa' aboga por reducir hasta un 20% el empleo de fertilizantes minerales y el 50% el uso de productos fito y zoosanitarios, además de que la superficie de cultivos ecológicos alcance el 25% del total.

Desde las propias instancias comunitarias, el centro JCR estimaba en su día que su aplicación podría suponer una reducción cercana al 20% en el volumen de las producciones, lo que implicaría un incremento de los precios superior al 40%, junto a, lo más grave, una reducción de las exportaciones, un incremento de las importaciones y más dependencia del exterior.

Esa misma estrategia anunciaba igualmente para finales de 2023 una revisión de toda la legislación sobre bienestar animal para su entrada en vigor en los próximos años referida a los sectores de huevos, pollos, porcino y vacuno, desde su crianza en las granjas hasta el sacrificio, pasando por el transporte. Todo ello tras los informes científicos previos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encaminados a eliminar el uso de jaulas en la cría de animales, impulsar la cría en espacios abiertos, aumentar el espacio por animal en caso de estar estabulado en la granja o reducir el número de animales en el transporte o el tiempo de viaje sin descanso.

Por sectores. En avicultura de puesta, las 1.500 explotaciones ya sufrieron en 2012 una primera reestructuración para el cambio de sus jaulas por otras más espaciosas y con más "servicios" para la gallinas -zonas de descanso, albergaderos, arena, etc.-. Esta reforma obligada supuso una inversión de 600 millones de euros. Actualmente el 73% de un censo de 47 millones de gallinas produce bajo ese sistema en un sector con una oferta de 1.200 millones de docenas.

Las nueva exigencias para la explotación de los animales en libertad, según los datos manejados por Mar Fernández, directora de la Asociación Española de Productores de Huevos, supondrán un coste de unos 1.000 millones por el cambio de modelo en las granjas. Además se registrará un encarecimiento de un 18% en los huevos solo por el mayor coste en alimentación al tener los animales más movilidad y actividad, pero menos producción. Desde la patronal se teme que muchos granjeros opten simplemente por cerrar si tienen ya una cierta edad y no disponen de un relevo generacional.

En la cría de pollos, desde el sector se estima que las futuras medidas supondrían una reducción del 70% en el número de kilos de pollo vivo a criar por metro cuadrado, pasando de 39 a unos 11. En cuanto a las inversiones necesarias, no están cuantificadas, pero todo apunta a que alcanzarán varios cientos de millones para aumentar la capacidad. Además se denuncia el objetivo de impulsar el crecimiento más lento de los animales, pasando de 42 a los 80 días, lo que supondría un mayor incremento de costes, encareciendo la oferta.

Para el porcino, al margen de las nuevas exigencias que en su día vengan de Bruselas, el reciente real decreto sobre bienestar animal ya supone globalmente la necesidad de aumentar aproximadamente en un 12% sus espacios para tener el mismo número de animales. Los mayores gastos fijos que supondrá esa medida, estimados en unos 160 millones de euros, se suman a los sufridos ya por el sector simplemente por la eliminación de residuos y de subproductos que se elevan a entre dos y tres euros por cada 100 kilos de peso de los animales criados.

Con la nueva disposición sobre espacios por cabeza, sobre un censo de unos 16 millones de plazas para engorde, el sector se vería obligado a crear más de 1.600.000 nuevas plazas con un coste unitario de entre 250 y 300 euros. Esto obligaría a invertir unos 480 millones para mantener los niveles de censos y de producción.

De cara a los mercados se teme una pérdida de competitividad frente a terceros, lo que implicaría menos exportaciones y más importaciones de productos inicialmente más baratos. El problema está en si esas importaciones cumplen en la cría y en el sacrificio las exigencias sobre bienestar animal que se pide a los productores comunitarios, algo que España ya ha reclamado mediante la llamada "cláusula espejo".

Estando a favor de una política de sostenibilidad de los suelos y de la defensa de los recursos naturales y del medioambiente, la realidad es que con estas estrategias a futuro de la PAC habría un alto riesgo de poner palos en la ruedas a la política de autoabastecimiento básico, la autosuficiencia alimentaria. Esta conllevaría mayor dependencia exterior en un momento en el que la pandemia y la invasión de Ucrania han puesto en evidencia los peligros de depender en exceso, tanto el sector agrario como los consumidores, de los mercados exteriores.