Doce familiares y la asociación Memoriaren Bideak han presentado este viernes una querella criminal en el juzgado de Aoiz por el "trabajo esclavo" realizado por presos de la dictadura franquista en las obras de la carretera de Igal-Vidángoz-Roncal durante los años 1939-1941. Una querella que pide su consideración como un delito de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La iniciativa está impulsada por CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina).
La querella se ha presentado en una rueda de prensa en la que han intervenido Balen Esteban, hijo de uno de los trabajadores en estas obras y portavoz de los querellantes; los abogados Jacinto Lara y Lourdes Etxeberria, Ana Barrena, de Memoriaren Bideak, y Sabino Cuadra, de CEAQUA.
Sabino Cuadra ha destacado que "de todos los crímenes del franquismo, el trabajo esclavo ha sido uno de los mas silenciados y marginados, a pesar de afectar a mas de 300.000 personas y sus familias". La presentada en los juzgados de Aoiz es la primera querella que se interpone en España sobre este tema, si bien se trabaja para presentar nuevas querellas en todo el país.
Balen Esteban ha leído un comunicado en nombre de los familiares en el que enmarcan esta querella en "la necesidad de proclamar en voz alta y públicamente la dignidad de todos aquellos a les que quisieron someter". Sus familiares "fueron forzados a un trabajo esclavo en condiciones extremas e inhumanas, sin el menor respeto a los derechos humanos".
Por ello, ha pedido que "lo que el derecho internacional reconoce como un crimen contra la humanidad, sea también reconocido por la justicia del Estado español". "Nuestra sociedad tiene una deuda pendiente con estos presos y con los valores democráticos que dice defender. No es admisible que continúe la impunidad actual", ha manifestado.
Ana Barrena, de Memoriaren Bideak, ha considerado que la presentación de esta querella es "un paso más para avanzar hacia la verdad, justicia y reparación en relación con el trabajo forzado, superando décadas en las que éste ha sido espacio para la impunidad, sin que se haya reconocido su carácter de crimen contra la humanidad". Ha explicado que la carretera, de 17 kilómetros, fue abierta por "más de 2.300 prisioneros antifascistas" en condiciones de "mala alimentación, la dureza del trabajo y hacinamiento".
El abogado Jacinto Lara ha explicado que la querella se dirige a "todos los responsables de la estructura militar que ejercían responsabilidades de jefatura". Además, ha señalado que viene acompañada de dos informes periciales; uno de ellos en relación a las "condiciones en las que se realizaron los trabajos forzados" y un segundo, de cuatro historiadores, en cuanto al "contexto represivo general a partir del golpe de estado del 36".
Ha destacado, además, que los crímenes de lesa humanidad son "imprescriptibles" y "no es de aplicación la ley de Amnistía de 1977". Ha interpelado al Gobierno de España para que "facilite la investigación" y ha lamentado "la impunidad en la que incurre el Estado español sistemáticamente al negarse a investigar estos crímenes".
Ha admitido que la querella tiene un "recorrido incierto" ya que "hemos presentado en Estado mas de 100 querellas y una sola ha sido admitido a trámite". "La experiencia nos hace ser cuando menos cautelosos", ha señalado. No obstante, ha esperado que el juzgado de Aoiz admita a trámite la querella "y se investiguen judicialmente los hechos". En caso de no ser admitida, ha avanzado que presentarían un recurso.