A las críticas al Gobierno por dar luz verde a la ley de amnistía de sectores como jueces, fiscales, abogados del Estado, diplomáticos, policías, guardias civiles o inspectores de Hacienda se sumó ayer la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que advirtió del «grave menoscabo» que los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, a la vez que alertó sobre «la fragmentación y el debilitamiento institucional» que está sufriendo el país.

La patronal consideró que las concesiones del Ejecutivo al independentismo generan un clima de negocios de incertidumbre que «vulnera el marco actual de relaciones laborales» y daña la imagen de España en el exterior.

El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, convocó un comité ejecutivo «extraordinario y de urgencia» para abordar la situación de España, ante la grave preocupación existente en el mundo económico tras los pactos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La organización empresarial más importante del país advirtió que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es «piedra angular de la Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de la convivencia de la nación».

Asimismo, denunció que se está creando un clima de negocio «cada vez más complicado», en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo.

A ello se añade también, según la patronal, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de la imagen de España en el exterior, claves para la competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española.

En este punto, el Comité Ejecutivo de CEOE defendió enérgicamente el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y, en todo caso, insistió en que la mejor forma de atraer inversiones es garantizar un clima favorable para su actividad, «empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica».

Falta de respeto

Otro elemento de preocupación para las compañías españolas es la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral.

Los empresarios cargaron contra la firma entre PSOE y PNV en materia laboral para la reforma del Estatuto de los Trabajadores en el plazo de seis meses para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales.

Por ello, CEOE, Cepyme y ATA, en representación de todas las corporaciones españolas -autónomos, pymes y grandes empresas-, demandaron una vuelta a los grandes consensos políticos y sociales y a la moderación, «encarnada en la Constitución».

Finalmente, la organización subrayó que defenderá estos principios ante las instancias europeas, de la mano de BusinessEurope, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), de la que CEOE forma parte, y la organización de pequeñas empresas europeas SMEunited, de la que Cepyme y ATA son miembros.